La memoria histórica no debe ser tampoco un instrumento para corregir el discurso manipulado de los vencedores para abanderar el distorsionado de los vencidos
Publicado por El Salto el 8 de enero de 2021
Son muchos los intelectuales que han establecido una unión entre pasado y presente; entre lo que recordamos como individuos y de manera colectiva; o el estudio de acontecimientos transcurridos y las vivencias contemporáneas. Y es cierto que, aunque memoria e Historia son dos formas de conocimiento diferentes, están estrechamente entrelazadas. En ningún caso, ninguna debe contemplarse como una piedra, incólume al paso del tiempo. Tampoco son un arma arrojadiza que se pueda lanzar desde esas trincheras imaginadas y creadas por colectivos con intereses extremadamente partidistas. Estos sectores, despreocupados por la realidad histórica (si tal cosa existe) lo que pretenden es crear discursos públicos beligerantes que buscan construir una identidad política y aumentar el apoyo a sus causas y que, de modo colateral, fragmentan la sociedad. A esos relatos nadie debiera considerarlos ni Historia ni memoria, sino una vil manipulación. El Estado español se encuentra actualmente en esta lamentable situación.
La historia de España tiene trapos sucios que se deben limpiar y el único camino pasa por airearlos, por estudiarlos desde todas las perspectivas de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Del mismo modo, la memoria histórica no debe ser tampoco un instrumento para corregir el discurso manipulado de los vencedores para abanderar el distorsionado de los vencidos. Por eso, defiendo la aprobación de una Ley de Memoria Histórica democrática, y, como tal, esta debe ser inclusiva, diversa y proyectar un futuro en el que la sociedad se reconozca de forma orgullosa. Así, podremos formar a ciudadanos responsables y respetuosos con lo diferente y con el cambio, aspectos consustanciales a la naturaleza humana y el puro reflejo del Estado español. Acerca de la guerra civil española, la dictadura franquista y, en los últimos años, la transición a la democracia, se ha generado no solo un debate historiográfico, sino tensiones en el Parlamento que han traspasado sus puertas y se ha instalado en la sociedad. No podemos seguir dejando esta tarea pendiente.
Desde la metodología rigurosa de las Ciencias Sociales y Humanas, se debe recoger todas las voces existentes sobre el pasado para construir un relato común de mínimos
¿Cómo se puede sustituir este “guerra civil” de las palabras por el verdadero discurso histórico? Hay que dejar claro que no hay un único camino. Por eso, propongo que se empiece a aceptar que la sociedad es diversa y que en democracia no solo es lícito, sino positivo, poner en duda, tanto en el debate intelectual como en el político, los diferentes “episodios nacionales”. Hay que asumir que no va a existir un completo consenso, sino un continuo cuestionamiento que siempre será provechoso y necesario. Por eso, desde la metodología rigurosa de las Ciencias Sociales y Humanas, se debe recoger todas las voces existentes sobre el pasado para construir un relato común de mínimos, que nos permita convivir y mirar los acontecimientos vividos con ojos democráticos.
En este proceso de historia democrática, ni los golpistas ni la dictadura pueden participar. Es momento de que el Parlamento se pronuncie firmemente. Fuerzas políticas como el Partido Popular y Vox tienen que estar dispuestas a iniciar ese diálogo, condenando las muertes del bando golpista y su posterior dictadura. No olvidemos que hoy toda simbología contraria a la democracia, así como partidos como Falange Española y de las JONS, no son ilegales, a diferencia de lo que ocurre en Alemania. Debemos conseguir que ningún colectivo sea reconocido ni autoproclamado como los continuadores de aquellos que en su día fueron “enemigos” manifiestos de la democracia, pero para ello tienen que reprobar aquel pasado.
El mismo camino paralelo debe seguir la izquierda. Debe aceptarse y señalarse que hubo asesinatos brutales en el bando republicano, aunque a su vez reivindiquen lo que hicieron como la defensa de los derechos civiles y la democracia. Solo así podríamos preparar la construcción de un relato común, como en el resto de los países de nuestro entorno, que sirva para la construcción de un Estado diverso, como la sociedad española, cambiante con el devenir de los tiempos y de los hallazgos de los investigadores, e inclusivo con todas las formas de pensamiento democrático. Hasta que no exista, todas las decisiones que se adopten sobre el pasado serán discutidas y aprovechadas políticamente.
¿Por qué tiene que redactarse una Ley de Memoria Histórica? ¿Por qué debe quitarse al dictador del Valle de los Caídos? ¿Por qué debe investigarse el pasado? ¿Por qué reparar a la memoria de las víctimas? ¿Por qué dedicarle un monumento o una calle a una determinada persona? Son preguntas que no han tenido respuesta por parte de los Ejecutivos que han legislado sobre la Historia. No solo no han respondido a estas preguntas, sino que, en vez de tomarse las decisiones adecuadas, consensuadas y acordes con el rigor académico, lo que se ha fomentado desde esas “trincheras imaginarias” es un conflicto político que ha trascendido al ámbito social. Si seguimos sumando a este despropósito la inexistencia de ese relato, cualquier tipo de legislación será discutida y convertida en un arma arrojadiza.
Dejemos de quitar o poner estatuas, bustos y nombres de calles si no vienen acompañados de una pedagogía democrática de lo que representan. Recientemente, por orden judicial, el Estado recuperó el Pazo de Meirás que estaba en manos de la familia Franco. Fue una labor, conseguida gracias a historiadores —Emilio Grandío, Manuel Pérez Lorenzo) y a la sociedad civil (junto con papel del Bloque Nacionalista Galego—. Pero, ¿Por qué debía expropiarse el Pazo? Quienes participaron de este proceso, no han tenido el protagonismo ni la capacidad de explicar a la ciudadanía el porqué de esa correcta y necesaria decisión. La sociedad o bien no entiende o bien desconoce los motivos por los que debe legislarse sobre la “Historia”. Debe recordarse que incluso la ley emprendida por el gobierno de Rodríguez Zapatero fue criticada por miembros de su propio partido. De ahí deriva la importancia de explicar primero el “por qué” es necesaria la ley y los beneficios democráticos que trae consigo.
El mero relato, en bruto, no basta; hay que acompañarlo de un análisis crítico del que se deben apartar categorías binarias como buenos y malos, rojos y azules, vencidos y vencedores, víctimas y verdugos
Pero el mero relato, en bruto, no basta. Hay que acompañarlo de un análisis crítico del que se deben apartar categorías binarias como buenos y malos, rojos y azules, vencidos y vencedores, víctimas y verdugos. Creo que este ejemplo real puede servir para que muchos mediten sobre ello. En Galicia, a partir del golpe de Estado de 1936, un padre de familia, militante de la UGT, le aconsejó a su hijo, también miembro del sindicato, que se alistase en el ejército golpista para salvar la vida. Hizo caso al consejo de su progenitor, pero las fuerzas vivas que controlaron el territorio gallego apresaron al padre y lo condenaron a muerte ante un pelotón de fusilamiento. Uno de los soldados que nombraron para formar dicho pelotón de ejecución fue su propio hijo. Finalmente, el hijo pudo librarse de estar presente en la ejecución de su padre, pero, si hubiera estado presente, ¿quién sería la víctima y quién el verdugo? ¿Sería un verdugo su hijo? Este tipo de casuística, solo analizable por las Ciencias Sociales y Humanas, gracias a la labor de la memoria de la sociedad civil, debe ser explicada para no caer en un debate entre buenos y malos o en el infantil “y tú más”. Ese relato común tiene que ir en esa sintonía, para crear una sociedad conocedora de su pasado, crítica con él y que se sienta cercana a todas estas problemáticas.
La Historia debe ser de todos los demócratas. Amplia, para que se pueda ir modificando y enriqueciendo con nuevos aspectos. Tiene que surgir de la sociedad, aunque luego le demos forma los científicos sociales y humanistas. No debe ser un relato cerrado. El mundo académico debe continuar con sus debates e investigaciones y seguir alimentándolo. La sociedad civil debe colaborar en este proceso, así como homenajear a sus familiares muertos, de cualquier bando. Asimismo, es una necesidad ética y democrática quitar a los muertos de las cunetas. Del mismo modo, que lo es quitar los homenajes a quienes no defendieron en su momento la democracia. Pero no se debe caer en equiparaciones falaces, como la cometida por el Ayuntamiento de Madrid con Largo Caballero e Indalecio Prieto.
Debemos hacer que las siguientes generaciones se sientan orgullosas de la nuestra y no piensen, como piensa la mía, que las anteriores han dejado “los trapos sucios por airear”. Posiblemente lo que planteo sea un reto difícil, y con la crispación política mucho más, pero no podemos avanzar como sociedad ni como Estado si seguimos instrumentalizando la Historia en un continuo enfrentamiento. Solo así las políticas sobre el pasado tendrán sentido y no fragmentarán la sociedad ni crisparán políticamente. Solo así se podrá educar a ciudadanos responsables y proyectar un país empático que justifica su política mirando al futuro, algo de lo que ahora no podemos presumir.
Son muchos los intelectuales que han establecido una unión entre pasado y presente; entre lo que recordamos como individuos y de manera colectiva; o el estudio de acontecimientos transcurridos y las vivencias contemporáneas. Y es cierto que, aunque memoria e Historia son dos formas de conocimiento diferentes, están estrechamente entrelazadas. En ningún caso, ninguna debe contemplarse como una piedra, incólume al paso del tiempo. Tampoco son un arma arrojadiza que se pueda lanzar desde esas trincheras imaginadas y creadas por colectivos con intereses extremadamente partidistas. Estos sectores, despreocupados por la realidad histórica (si tal cosa existe) lo que pretenden es crear discursos públicos beligerantes que buscan construir una identidad política y aumentar el apoyo a sus causas y que, de modo colateral, fragmentan la sociedad. A esos relatos nadie debiera considerarlos ni Historia ni memoria, sino una vil manipulación. El Estado español se encuentra actualmente en esta lamentable situación.
La historia de España tiene trapos sucios que se deben limpiar y el único camino pasa por airearlos, por estudiarlos desde todas las perspectivas de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Del mismo modo, la memoria histórica no debe ser tampoco un instrumento para corregir el discurso manipulado de los vencedores para abanderar el distorsionado de los vencidos. Por eso, defiendo la aprobación de una Ley de Memoria Histórica democrática, y, como tal, esta debe ser inclusiva, diversa y proyectar un futuro en el que la sociedad se reconozca de forma orgullosa. Así, podremos formar a ciudadanos responsables y respetuosos con lo diferente y con el cambio, aspectos consustanciales a la naturaleza humana y el puro reflejo del Estado español. Acerca de la guerra civil española, la dictadura franquista y, en los últimos años, la transición a la democracia, se ha generado no solo un debate historiográfico, sino tensiones en el Parlamento que han traspasado sus puertas y se ha instalado en la sociedad. No podemos seguir dejando esta tarea pendiente.
Desde la metodología rigurosa de las Ciencias Sociales y Humanas, se debe recoger todas las voces existentes sobre el pasado para construir un relato común de mínimos
¿Cómo se puede sustituir este “guerra civil” de las palabras por el verdadero discurso histórico? Hay que dejar claro que no hay un único camino. Por eso, propongo que se empiece a aceptar que la sociedad es diversa y que en democracia no solo es lícito, sino positivo, poner en duda, tanto en el debate intelectual como en el político, los diferentes “episodios nacionales”. Hay que asumir que no va a existir un completo consenso, sino un continuo cuestionamiento que siempre será provechoso y necesario. Por eso, desde la metodología rigurosa de las Ciencias Sociales y Humanas, se debe recoger todas las voces existentes sobre el pasado para construir un relato común de mínimos, que nos permita convivir y mirar los acontecimientos vividos con ojos democráticos.
En este proceso de historia democrática, ni los golpistas ni la dictadura pueden participar. Es momento de que el Parlamento se pronuncie firmemente. Fuerzas políticas como el Partido Popular y Vox tienen que estar dispuestas a iniciar ese diálogo, condenando las muertes del bando golpista y su posterior dictadura. No olvidemos que hoy toda simbología contraria a la democracia, así como partidos como Falange Española y de las JONS, no son ilegales, a diferencia de lo que ocurre en Alemania. Debemos conseguir que ningún colectivo sea reconocido ni autoproclamado como los continuadores de aquellos que en su día fueron “enemigos” manifiestos de la democracia, pero para ello tienen que reprobar aquel pasado.
El mismo camino paralelo debe seguir la izquierda. Debe aceptarse y señalarse que hubo asesinatos brutales en el bando republicano, aunque a su vez reivindiquen lo que hicieron como la defensa de los derechos civiles y la democracia. Solo así podríamos preparar la construcción de un relato común, como en el resto de los países de nuestro entorno, que sirva para la construcción de un Estado diverso, como la sociedad española, cambiante con el devenir de los tiempos y de los hallazgos de los investigadores, e inclusivo con todas las formas de pensamiento democrático. Hasta que no exista, todas las decisiones que se adopten sobre el pasado serán discutidas y aprovechadas políticamente.
¿Por qué tiene que redactarse una Ley de Memoria Histórica? ¿Por qué debe quitarse al dictador del Valle de los Caídos? ¿Por qué debe investigarse el pasado? ¿Por qué reparar a la memoria de las víctimas? ¿Por qué dedicarle un monumento o una calle a una determinada persona? Son preguntas que no han tenido respuesta por parte de los Ejecutivos que han legislado sobre la Historia. No solo no han respondido a estas preguntas, sino que, en vez de tomarse las decisiones adecuadas, consensuadas y acordes con el rigor académico, lo que se ha fomentado desde esas “trincheras imaginarias” es un conflicto político que ha trascendido al ámbito social. Si seguimos sumando a este despropósito la inexistencia de ese relato, cualquier tipo de legislación será discutida y convertida en un arma arrojadiza.
Dejemos de quitar o poner estatuas, bustos y nombres de calles si no vienen acompañados de una pedagogía democrática de lo que representan. Recientemente, por orden judicial, el Estado recuperó el Pazo de Meirás que estaba en manos de la familia Franco. Fue una labor, conseguida gracias a historiadores —Emilio Grandío, Manuel Pérez Lorenzo) y a la sociedad civil (junto con papel del Bloque Nacionalista Galego—. Pero, ¿Por qué debía expropiarse el Pazo? Quienes participaron de este proceso, no han tenido el protagonismo ni la capacidad de explicar a la ciudadanía el porqué de esa correcta y necesaria decisión. La sociedad o bien no entiende o bien desconoce los motivos por los que debe legislarse sobre la “Historia”. Debe recordarse que incluso la ley emprendida por el gobierno de Rodríguez Zapatero fue criticada por miembros de su propio partido. De ahí deriva la importancia de explicar primero el “por qué” es necesaria la ley y los beneficios democráticos que trae consigo.
El mero relato, en bruto, no basta; hay que acompañarlo de un análisis crítico del que se deben apartar categorías binarias como buenos y malos, rojos y azules, vencidos y vencedores, víctimas y verdugos
Pero el mero relato, en bruto, no basta. Hay que acompañarlo de un análisis crítico del que se deben apartar categorías binarias como buenos y malos, rojos y azules, vencidos y vencedores, víctimas y verdugos. Creo que este ejemplo real puede servir para que muchos mediten sobre ello. En Galicia, a partir del golpe de Estado de 1936, un padre de familia, militante de la UGT, le aconsejó a su hijo, también miembro del sindicato, que se alistase en el ejército golpista para salvar la vida. Hizo caso al consejo de su progenitor, pero las fuerzas vivas que controlaron el territorio gallego apresaron al padre y lo condenaron a muerte ante un pelotón de fusilamiento. Uno de los soldados que nombraron para formar dicho pelotón de ejecución fue su propio hijo. Finalmente, el hijo pudo librarse de estar presente en la ejecución de su padre, pero, si hubiera estado presente, ¿quién sería la víctima y quién el verdugo? ¿Sería un verdugo su hijo? Este tipo de casuística, solo analizable por las Ciencias Sociales y Humanas, gracias a la labor de la memoria de la sociedad civil, debe ser explicada para no caer en un debate entre buenos y malos o en el infantil “y tú más”. Ese relato común tiene que ir en esa sintonía, para crear una sociedad conocedora de su pasado, crítica con él y que se sienta cercana a todas estas problemáticas.
La Historia debe ser de todos los demócratas. Amplia, para que se pueda ir modificando y enriqueciendo con nuevos aspectos. Tiene que surgir de la sociedad, aunque luego le demos forma los científicos sociales y humanistas. No debe ser un relato cerrado. El mundo académico debe continuar con sus debates e investigaciones y seguir alimentándolo. La sociedad civil debe colaborar en este proceso, así como homenajear a sus familiares muertos, de cualquier bando. Asimismo, es una necesidad ética y democrática quitar a los muertos de las cunetas. Del mismo modo, que lo es quitar los homenajes a quienes no defendieron en su momento la democracia. Pero no se debe caer en equiparaciones falaces, como la cometida por el Ayuntamiento de Madrid con Largo Caballero e Indalecio Prieto.
Debemos hacer que las siguientes generaciones se sientan orgullosas de la nuestra y no piensen, como piensa la mía, que las anteriores han dejado “los trapos sucios por airear”. Posiblemente lo que planteo sea un reto difícil, y con la crispación política mucho más, pero no podemos avanzar como sociedad ni como Estado si seguimos instrumentalizando la Historia en un continuo enfrentamiento. Solo así las políticas sobre el pasado tendrán sentido y no fragmentarán la sociedad ni crisparán políticamente. Solo así se podrá educar a ciudadanos responsables y proyectar un país empático que justifica su política mirando al futuro, algo de lo que ahora no podemos presumir.
